Avellaneda: Según una ONG SCIOLI favorece negociado de Techint

La Asociación Civil Ambiente Sur de Avellaneda saliò a denunciar que contra lo que se intenta transmitir oficialmente, salen a la luz las fuertes desinteligencias dentro de la administración provincial sobre la propuesta de rezonificación de la costa de Avellaneda y Quilmes, que le representaría a la multinacional Techint más de cien millones de dólares solamente por conseguir el ansiado sello de recategorización a uso urbano de más de doscientas hectáreas.

La Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial opone serias objeciones al expediente del proyecto. Sus cuestionamientos son elementales y coinciden en mucho con las críticas que diferentes profesionales independientes y organizaciones de la comunidad ya han expresado en varias oportunidades. Ordenamiento Urbano cuestiona ni más ni menos que la falta de un Plan Maestro del proyecto. Esto acarrea un sinnúmero de indefiniciones sobre todos los aspectos de la supuesta obra, desde el plan de obra hasta la propia Evaluación del Impacto Ambiental. Techint se ha manejado con documentos voluminosos y pobrísimos en contenido, y sobre todo con una presentación en power point muy atractiva, pero que de ninguna manera provee la información que se espera para la aprobación de un proyecto de desarrollo urbano. Para los funcionarios provinciales, el arquitecto Converti ha pretendido suplantar con dicho ejercicio de relaciones públicas la presentación de planes medianamente completos.

Uno de los pocos aspectos que el proyecto ha definido ha sufrido también el rechazo de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Se trata del llamado Factor Ocupacional Total (FOT) de la propuesta urbanización. Este es precisamente el factor que determina la superficie total máxima edificable. Los empleados de Techint y Converti se han pasado de rosca con el FOT, inflándolo a valores extremos (un 70%) sobre la base de «premios» que en teoría podrían a veces adjudicarse por características específicas de la obra, pero que en este caso no se han definido ni mucho menos demostrado. Así, la obra se propone con un FOT 3,4 lo cual no tiene justificación alguna en base a lo presentado.

Esta situación va totalmente a contramano de la presencia del Gobernador Scioli en el mismo lugar del siniestro hace pocos días, avalando (¿en lo personal?) el proyecto y firmando un documento a tal efecto que casi nadie ha visto. En el área más relevante de la administración provincial sobre uso del suelo desconocen qué firmó el Gobernador. El expediente del proyecto no le fue retornado a Ordenamiento, cuyas intervenciones en el mismo fueron varias a lo largo de estos largos dos años, y ahora estaría pasando un extenso período en Asuntos Municipales. La Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación la ha dado la razón a las objeciones presentadas por Ordenamiento Territorial, lo cual le hace temblar la mano a varios que deben poner el gancho. Pero por otro lado la Asesoría Legal de Gobierno, un ente autárquico, propone «darle para adelante». El área ambiental, la Organización para el Desarrollo Sustentable (OPDS) está lista a aprobar lo que venga, debido a «fuertes presiones», eso sí, «condicionado a» una cantidad de factores que nadie está en condiciones de asegurar, ni mucho menos Techint, que gerenció el basural de la CEAMSE y ya tiene un desastre ambiental en su haber sobre ambos partidos.

A todo esto, no se entiende cómo pudo haber alguna evaluación del proyecto en la provincia, como se sugirió estos días, cuando toda la legislación provincial dictamina que los proyectos no pueden ser evaluados antes de la rezonificación del suelo a nivel provincial. La Resolución 29/09 de la OPDS es apenas la última norma que ratifica esto. Todo el proceso sugiere irregularidades con responsabilidades graves.

Sigue sin respuesta, también, en la OPDS, a donde lo enviara Ordenamiento Territorial, el expediente 2400-898/2010 iniciado por Ambiente Sur en agosto, por el cual se le recuerda al Gobierno Provincial la ilegalidad de cualquier rezonificación, al no haber la provincia efectivizado el ordenamiento territorial de sus bosques que prevé la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, sancionada en 2007. Desde Ambiente Sur se planean acciones penales contra los funcionarios que permitan o faciliten el uso ilegal de estos bosques, de acuerdo con las obligaciones establecidas por dicha Ley, que también prevé fuertes sanciones económicas a los responsables.