Internacionales: En Honduras también desaparecen los Bosques
Segùn un informe recientemente publicado por la Red de Comunicaciones Aliadas, Honduras, uno de los países más pobres del continente americano, pierde cada año millones de dólares como consecuencia de la tala ilegal de madera. De acuerdo con el Documento de Estrategia de País para Honduras de la Comunidad Europea para el periodo 2007-2013, el valor de mercado de la madera extraída ilegalmente oscila entre US$55 y $70 millones al año; a esta cantidad, habría que añadir los impuestos no percibidos y la inversión pública desperdiciada, conceptos que juntos aumentan las pérdidas en otros US$18 millones.
Este es uno más de los terribles efectos que conlleva la ineficacia con que se aplica la Ley Forestal en este país, cuya débil institucionalidad democrática tocó fondo tras el golpe de Estado perpetrado en junio del 2009. Pero quizás no sea la peor de las consecuencias. Según Orlando Núñez, coordinador de la Estrategia Nacional contra la Tala Ilegal de Madera del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Honduras camina peligrosamente hacia su desertización. En declaraciones al diario capitalino El Heraldo, Núñez señaló que el país pierde anualmente 58,000 Ha de árboles, lo que supone más del 1% de la superficie boscosa del país.
El 80% del territorio hondureño es de vocación forestal. Pero este potencial, lejos de ser aprovechado para el desarrollo equitativo y la reducción de la pobreza, se ha dilapidado en beneficio de unos pocos. Según informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), por cada 2 Ha de bosque que las autoridades permiten explotar, se talan tres; una de ellas pasa a engrosar las dramáticas cifras del desmonte ilegal.
A la mano criminal de los traficantes de madera, hay que sumar los efectos de los incendios forestales, la ganadería extensiva y la presión por extender la frontera agrícola. Otro factor menos visible, pero letal para el bosque, es la demanda popular de leña, cuyo consumo anual alcanza unos 6 millones de m³; el 70% de este consumo de leña proviene del bosque latifoliado (con árboles de hojas anchas). Y es que debido a la deficitaria electrificación rural, la leña sigue siendo la principal fuente de energía para la población rural empobrecida.
Ley truncada
La primera Ley Forestal en Honduras data de 1971. Nació con el objeto de asegurar la protección de las áreas forestales, racionalizando el aprovechamiento y la comercialización de los productos derivados de aquellas. Tres años después se creó la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), cuyo propósito era posibilitar el aprovechamiento óptimo de los recursos forestales hondureños, asegurando su protección, conservación y buen manejo. Pronto se comprobó que ninguno de esos instrumentos cumplía con su mandato, pero no fue hasta mediados de los años 90, con el agotamiento del agua y los recursos naturales, que el descontento de las comunidades locales estalló en múltiples protestas que ayudaron a visibilizar el problema, ejerciendo presión para crear un nuevo marco legal e institucional.
Destacan en esta lucha las comunidades del norte de Olancho, el departamento más boscoso de Honduras y el más castigado por la tala ilegal. Cinco organizaciones locales se unieron en el año 2000 para crear un frente común en el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO).
Tras casi dos décadas de protestas, después de un largo proceso de participación y consulta impulsado por la sociedad civil, y legitimado por más de 200 organizaciones sociales, en setiembre del 2007 el Congreso Nacional aprobó la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Cinco meses después entraba en vigor esta norma que generó enormes resistencias entre las grandes empresas madereras y esperanzas fundadas para quienes llevaban años buscando un cambio en la política forestal.
